Este 18 de enero, el Congreso aprobó la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que supone eliminar el término “disminuidos”, que atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad, y actualiza el enfoque de la Constitución al paradigma de derechos humanos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La reforma, que fue aprobada con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, supone un avance histórico para todo el movimiento social de la discapacidad.

Una reforma para avanzar en derechos

El movimiento asociativo de Plena inclusión entiende que «la magnífica noticia de la reforma del artículo 49 de la Constitución debe ser un impulso para avanzar en el desarrollo de los derechos de las más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que viven hoy en España». Para la presidenta de la confederación de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, esta decisión «demuestra cómo la discapacidad es capaz de generar consenso social». Laucirica coincide con el CERMI y el resto de las organizaciones de la discapacidad en subrayar la satisfacción que produce “una medida que atiende a nuestra reivindicación histórica y que aporta mayor coherencia y dignidad al texto de la Carta Magna”.

Un cambio que, para el presidente de Plena inclusión Aragón, Santiago Villanueva, supone “un avance histórico y un hito que nuestro movimiento asociativo llevaba dos décadas reivindicando. Es una deuda que nuestra sociedad tenía con las personas con discapacidad, que llega con varios lustros de retraso. Dignifica la forma en la que las miramos, pasando de un punto de vista médico asistencial a hacerlo desde los derechos humanos”.

Obligación de los poderes públicos

Villanueva incide en que la nueva redacción del texto “señala la obligación de los poderes públicos de garantizar la plena autonomía y la inclusión social de estas personas, respetando su libertad de elección y sus preferencias. Es decir, pone el foco en sus derechos: las personas con discapacidad son ciudadanas de pleno derecho y tienen que poder tomar sus propias decisiones, sin que nadie las tome por ellas».

Sin embargo, desde Plena inclusión se manifiesta el deseo de que los gestos se acompañen con hechos. “Necesitamos también cambios en nuestro día a día para superar las barreras que nos sigue poniendo esta sociedad”, recuerda Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión España y miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo.

En este sentido, Santiago Villanueva expresa su temor a que esta modificación constitucional, aunque es “fundamental, puede ocultar el hecho de que quedan pendientes bastantes cuestiones. Sin ir más lejos, el encarecimiento del coste de la vida ha impactado de forma brutal en la vida diaria el colectivo de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Antes ya había una horquilla de un sobrecoste anual para estas familias de entre 26.000 y 46.000 euros, que en 2023 se ha visto incrementado en un 20%, con lo que el sobresfuerzo es todavía más importante”.

El alza de los precios, señala el presidente de Plena inclusión Aragón, también “está afectando de una manera clara a las entidades que prestan apoyos y servicios a estas personas y sus familias, sobre todo a aquellas que tienen plazas concertadas con la Administración, ya que estas se encuentran infrafinanciadas por debajo de su coste real, y ello impacta de manera negativa en la vida” de uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Lenguaje inclusivo

La confederación estatal de Plena inclusión, que apoya a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (parálisis cerebral, autismo y síndrome de Down, entre otros), unas 4.500 en Aragón, sostiene que “la Constitución asume un lenguaje inclusivo que debe ir acompañado de más políticas públicas de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias”.

Desde Plena inclusión se recuerda que, pese a los significativos avances conseguidos en los últimos años, todavía hay derechos fundamentales como la educación, el empleo, el acceso a la tecnología o a la vivienda, que no son iguales para todas las personas. “Nos comprometemos a luchar para conseguirlos, pero también a seguir colaborando con las administraciones públicas y los poderes del Estado para que más pronto que tarde, este sueño de plena inclusión sea un nuevo logro de una sociedad tan generosa como la española”.