El Palacio de la Magdalena de Santander acogió, el 30 y 31 de mayo, el I Congreso Internacional sobre el Futuro del Empleo de Personas con Discapacidad Intelectual, en el que más de 300 profesionales, representantes de administraciones públicas, empresas, entidades del movimiento asociativo y personas con discapacidad intelectual debatieron acerca de acciones positivas que impulsen y mejoren el empleo de este colectivo. Por parte de ATADI asistieron su presidente, José Luis Gómez; su gerente, Ramón Royo; su director administrativo, José Antonio Mora; y el director de ATADI Empleo SLU, Javier Cantalapiedra.

El congreso fue organizado por AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad), Plena inclusión España y Plena inclusión Cantabria. El programa incluyó conferencias magistrales, mesas redondas y talleres en los que se analizó una coyuntura marcada por la desigualdad y la falta de inclusión.

Solo 2 de cada 10 tienen un empleo

Según los datos del último informe del INE sobre empleo de personas con discapacidad, la tasa de empleo de las personas con discapacidad intelectual se sitúa en el 23,8%, 44,8 puntos menos que el resto de la población. Y la tasa de actividad en el 36,4%, 41,6 puntos inferior a la población sin discapacidad. Sólo 2 de cada 10 personas con discapacidad intelectual en edad de trabajar tienen un empleo.

La principal reivindicación del congreso es que “las personas con discapacidad intelectual necesitan un nuevo marco normativo que les dé una respuesta integral durante toda su etapa laboral”, indicó Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, ya que la regulación actual del empleo de las personas con discapacidad tiene su origen en la LISMI, una ley con más de 40 años (1982), que además se ha desarrollado de forma heterogénea en las comunidades autónomas.

Desde el movimiento asociativo se señalan algunas prioridades que debería asumir la nueva ley de inclusión laboral: “el aumento de la reserva de empleo público para personas con discapacidad intelectual, para que se pase del 2% al 3%; una apuesta decidida de los organismos públicos para que las personas con discapacidad intelectual accedan de forma generalizada al empleo ordinario; y el incremento de los contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social desde las administraciones públicas, como un instrumento para generar empleo estable y de calidad”.

Formación y contratación

La formación es otro de los retos que se analizó en el Congreso. La falta de formación adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual es una de las principales barreras que dificulta su acceso al mercado laboral. Por ello, el sector reclama la creación de “planes de formación y cualificación adaptados a las necesidades reales de las personas con discapacidad intelectual, apostando por la FP Dual y los certificados de profesionalidad”.