Exigen voluntad política, recursos suficientes y la colaboración activa de todos los sectores implicados.

La entrada en vigor del Acta Europea de Accesibilidad, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2019/882 de la Unión Europea, marca un nuevo hito en el reconocimiento legal de la accesibilidad universal, lo que incluye a la accesibilidad cognitiva como un derecho irrenunciable para todas las personas.

Desde Plena inclusión España, confederación que agrupa a más de 950 asociaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, aunque se valoran los avances legislativos logrados en los últimos años, se advierte de lo que queda por hacer.

«Nos preocupa que el derecho a la accesibilidad cognitiva quede como una mera declaración de intenciones si no se acompaña de compromisos claros y efectivos por parte de las administraciones públicas y de las empresas», recuerda Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.

El Acta Europea de Accesibilidad establece algunos requisitos que deben cumplir un gran número de productos y servicios —como páginas web, aplicaciones móviles, terminales de pago, cajeros automáticos, servicios bancarios, plataformas de comercio electrónico, redes sociales o servicios de transporte— para que sean accesibles para todas las personas. Algunos de estos bienes y servicios ya deben cumplir con los nuevos estándares fijados por la directiva europea recién aprobada, como es el caso de las páginas web de reciente creación. No obstante, otros disponen de un plazo de adaptación de hasta cinco años, como es el caso de los terminales de autoservicio, incluidos cajeros automáticos.