CERMI Aragón afronta el inicio del curso escolar con el foco puesto en la financiación para el mantenimiento de los apoyos que prestan las entidades que trabajan por y para las personas con discapacidad y sus familias.

Tras el comité ejecutivo celebrado el pasado martes en Zaragoza, la principal preocupación que existe sobre la mesa es la situación de asfixia económica que atraviesa el sector que se dedica a la atención dirigida a esta parte de la sociedad.

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón, del que ATADI forma parte, alerta del desesperanzador escenario que se atisba en este momento, que supone una amenaza para la calidad de la atención prestada. Por este motivo, considera urgente un cambio de modelo que conlleve la revisión y actualización de la cuantía de la financiación para asegurar el mantenimiento de los apoyos prestados por las entidades.

Las entidades, en riesgo

La situación financiera actual pone en riesgo la sostenibilidad de las entidades sociales que son prestadoras de servicios de atención a la discapacidad, esenciales y de calidad, de la propia Administración pública. La imposibilidad de asumir para el 2025 las subidas salariales en torno al 12% como resultado de la suma del IPC en los tres últimos años, el aumento de los costes de electricidad y otras materias, del coste de la vida en general, la dificultad de encontrar a profesionales cualificados con vocación o la fuga de estos perfiles hacia otras actividades productivas con mayor remuneración, son algunos de los problemas a los que se enfrentan.

Jesús Carlos Laiglesia, presidente de CERMI Aragón, destaca que “vivimos una situación de preocupación e inseguridad que es insostenible desde hace tiempo para un gran número de las entidades que trabajan en el sector”. La inquietud es tal que se llega al extremo de hablar de “peligro de extinción” si no se obtiene una financiación justa para todas las entidades y centros.

CERMI Aragón recuerda que, debido al incremento de los costes, la Administración, como responsable de estos servicios, debe adecuar la financiación. En este sentido, Laiglesia asegura que “tenemos la voluntad de trabajar y colaborar de forma conjunta con el Gobierno de Aragón para alcanzar los acuerdos necesarios en beneficio de un sector que abarca en Aragón a miles de personas con discapacidad, a sus propias familias y a los profesionales que las atienden”.