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El Código Civil reconocerá la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual

La esperada reforma del Código Civil relativa al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual se encuentra en trámite parlamentario.

Esta reforma actualiza la legislación en línea con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que reconoce, entre otras cuestiones, la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía; es decir, que “las modificaciones de la capacidad jurídica y figuras establecidas en el Código Civil como la tutela o la patria potestad prorrogada, son contrarias a la Convención y vulneran los derechos de las personas con discapacidad”, explican desde Plena Inclusión, federación de la cual ATADI forma parte.

 

Capacidad jurídica en igualdad

 

Se trata de una reforma largamente solicitada por el colectivo de personas con discapacidad intelectual y sus entidades, como la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), Plena Inclusión o CERMI, entre otras. Los principales cambios podrían resumirse en tres puntos.

En primer lugar, “se eliminan la modificación de la capacidad jurídica, la tutela y la patria potestad prorrogada y se sustituyen por curatelas graduadas (asistenciales o representativas) y otras figuras jurídicas en función de la necesidad de apoyos de cada persona”, resumen AEFT y Plena Inclusión en el documento ‘Preguntas y respuestas: el anteproyecto de reforma del Código Civil’.

 

Apoyos personalizados

 

También se reconoce un modelo de apoyos ajustado a cada persona que permite el ejercicio de la capacidad jurídica, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. “En este sentido, la intervención de la Administración de Justicia se orienta a arbitrar un modelo de apoyos que no sustituya la voluntad de la persona con discapacidad, sino que le apoye para desarrollar su proyecto de vida”, continúa el citado documento.

El modelo de apoyos que se propone está sujeto a revisión periódica, de modo que los apoyos no tienen por qué ser permanentes y podrán determinarse por la propia persona y, cuando sea necesario, acordarse por el órgano judicial.

En el caso de las personas con grandes necesidades de apoyo o aquellas que necesitan algo más que un acompañamiento en la toma de decisiones, la ley prevé la figura de la curatela representativa, siempre y cuando no sea posible determinar su voluntad, deseos o preferencias. “Se deberán tener en cuenta la trayectoria vital de la persona, sus creencias, sus valores y los factores que esa persona habría tenido en consideración a la hora de tomar la decisión, para que esta se ajuste a lo que la persona hubiera decidido en caso de no tener que ser representada”, exponen AEFT y Plena Inclusión.

 

Evitar conflictos de interés

 

En tercer y último lugar, se regula que quien preste los servicios de atención directa a las personas con discapacidad intelectual no puede ser quien haya de proveer sus apoyos y garantizar sus derechos. Es decir, “no se puede ser juez y parte, evitando así que existan conflictos de interés”, resumen desde Plena Inclusión.

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